Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos, de 40 años, ha sido condenado por la Audiencia Nacional a dos años de prisión como autor de un delito continuado de estafa, tras liderar un entramado fraudulento con el que decenas de personas fueron engañadas mediante una falsa asociación de criminólogos que ofrecía títulos sin ninguna validez legal. Junto a él, otros dos colaboradores han sido también condenados a un año y diez meses de cárcel por su implicación directa en los hechos.
🎭 Un “colegio profesional” que nunca existió
Durante años, la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de España (ASPROCRIME) logró aparentar ser una entidad profesional de prestigio, especializada en formación en criminología. Con una estética que recordaba a las series policiales tipo CSI, y utilizando estrategias de marketing digital y plataformas educativas como EMagister, la asociación ofrecía decenas de cursos supuestamente avalados por universidades extranjeras.
Pero todo era una farsa. ASPROCRIME no era un colegio oficial ni estaba reconocida por ninguna autoridad educativa nacional. Sin embargo, ofrecía formación con supuestos “códigos oficiales” y emitía diplomas sin validez, firmados incluso con sellos de universidades inexistentes o no homologadas.
💸 Cursos fraudulentos de hasta 4.000 euros
Los cursos se ofrecían a precios elevados —algunos superaban los 4.000 euros— y se publicitaban como válidos para oposiciones o acceso a puestos de trabajo públicos y privados. Entre las víctimas hay guardias civiles, psicólogos, peritos judiciales y numerosos profesionales que buscaban un impulso formativo y laboral.
Los afectados no solo perdieron su dinero, sino también años de preparación creyendo que su formación tenía validez profesional. Fue la denuncia de varios exalumnos lo que permitió destapar el fraude, iniciándose una investigación policial que confirmó que ni los títulos, ni la asociación, ni las universidades que los “avalaban” estaban registradas oficialmente.
🧠 Un estafador con experiencia previa
Carlos Cuadrado no era nuevo en el mundo de las estafas. Según revela la investigación judicial, sus antecedentes en engaños se remontan al sector de la filatelia y la numismática, donde captaba víctimas con promesas de inversiones seguras en monedas raras o sellos históricos. Fue en ese entorno donde perfeccionó su estrategia: ofrecer apariencia de profesionalidad, promesas de alta rentabilidad o prestigio y captación masiva a través de internet.
🏛️ Juicio y condenas
Durante el juicio, celebrado en la Audiencia Nacional, se presentaron numerosos testimonios de víctimas que relataron con detalle cómo fueron captados, cómo realizaron los pagos y cómo, tras recibir sus diplomas, descubrieron que no servían ni para acreditar conocimientos, ni para opositar, ni para acceder a empleo.
La sentencia es contundente: los acusados eran plenamente conscientes de que sus cursos no tenían validez oficial, actuaron con ánimo de lucro y ejecutaron un plan sistemático para engañar a los alumnos, con conocimiento de que las titulaciones ofrecidas no podían ser homologadas ni convalidadas.
Además de la pena de prisión, los tres condenados deberán indemnizar de forma solidaria a todas las víctimas, con compensaciones que van desde los 100 hasta los 4.950 euros, en función del importe abonado por cada alumno.
🏴 Lecciones de un caso que afecta al sector educativo
Este caso vuelve a poner en evidencia la falta de control sobre asociaciones no oficiales que ofertan cursos con apariencia legal, especialmente en sectores sensibles como la criminología, la psicología o la seguridad. El uso de nombres rimbombantes, sellos falsos y plataformas confiables de difusión contribuye a reforzar el engaño.
La recomendación a los futuros alumnos es clara: antes de matricularse en un curso, comprobar siempre que:
La entidad está legalmente reconocida por el Ministerio de Educación o el SEPE.
La titulación tiene acreditación oficial o universitaria real.
La universidad emisora está registrada y homologada por organismos nacionales o internacionales competentes.
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